El movimiento antivacunación tiene su origen en una investigación del médico británico Andrew Wakefield publicada en 1998 en la revista The Lancet. Tras examinar a doce niños autistas, él y sus colaboradores aseguraron que había una conexión entre la administración de la triple vírica –vacuna que protege contra el sarampión, la rubeola y la parotiditis (paperas)– y ese trastorno. Aunque la comunidad científica recibió el hallazgo con escepticismo por lo pequeño de la muestra, el estudio tuvo un gran impacto mediático en el Reino Unido. Muchos padres empezaron a tener miedo de que la triple vírica o vacuna SPR convirtiera a sus hijos en autistas y, en los diez años siguientes, el índice de vacunación país cayó del 92% al 85%, y los casos de sarampión se dispararon.
Wakefield se convirtió en el líder del movimiento antivacunas mundial, impulsado en Estados Unidos por Jenny McCarthy, conejita Playboy, y su entonces novio, el actor Jim Carrey, celebridades que encabezaron la lucha contra las vacunas en ese país. Ella empezó a decir en 2007 que su hijo Evan, nacido cinco años antes, era autista a causa de la vacuna triple vírica. El eco televisivo de las insensateces de McCarthy y Carrey, a las que prestó un apoyo entusiasta la periodista Oprah Winfrey, minó la confianza de mucha gente en las vacunas y ha supuesto, desde entonces, un incremento en los casos de rubeola, sarampión y paperas registrados en Estados Unidos. En junio de 2007, 5.500 padres de autistas exigieron al Gobierno estadounidense indemnizaciones por entender que el síndrome lo causa la vacuna SPR. Se consideraban víctimas de una vasta conspiración urdida por el Ejecutivo y las farmacéuticas. Un año después, McCarthy anunció que su hijo se había curado del autismo. Los médicos que examinaron al niño dijeron, sin embargo, que había sido diagnosticado erróneamente y nunca había sufrido ese trastorno, que es incurable.
Ningún otro equipo científico obtuvo los mismos resultados que el de Wakefield. En 2004, diez de los coautores de la investigación original retiraron su firma del artículo que había desatado la tormenta. Instantáneamente, The Lancet publicó una rectificación poniendo en duda las conclusiones del trabajo, que acabó retirando de sus archivos en febrero de 2010. Oficialmente, es como si nunca se hubiera publicado. En mayo de ese mismo año, el Consejo General Médico del Reino Unido prohibió a Wakefield ejercer en el país por su actitud deshonesta e irresponsable en ese estudio. Y, en enero de 2011, después de siete años de investigación, el periodista Brian Deer desveló en The British Medical Journal que Wakefield había planificado una serie de negocios para obtener millones aprovechándose del miedo hacia las vacunas que su fraudulenta investigación iba a infundir al público. Detrás del montaje, había una compleja trama de intereses económicos, incluido el Hospital Real Gratuito de Londres en el que trabajaba el médico. Los gestores de ese centro, descubrió Deer, empezaron a hablar con Wakefield de montar posibles negocios basados en el miedo a la triple vírica cuando todavía no habían acabado sus investigaciones, y las conversaciones se relanzaron nada más publicarse el artículo de The Lancet que causó el pánico.
Uno de los proyectos, creado a nombre de la esposa de Wakefield, pretendía desarrollar vacunas con las que reemplazar la vacuna SPR, un kit de diagnóstico de la enterocolitis autística y otros productos que «sólo podían tener alguna probabilidad de éxito si se minaba la confianza del público en la triple vírica». El cirujano británico y sus socios calculaban que iban a ganar hasta 33 millones de euros anuales en Estados Unidos y el Reino Unido sólo con la comercialización de pruebas para la detección de la enterocolitis autística, enfermedad inventada por ellos en el artículo que conectaba la triple vírica con el autismo. Además, desde febrero de 1996, Wakefield estaba en contacto con Richard Barr, un abogado del movimiento antivacunas que quería demandar a las farmacéuticas y buscaba pruebas científicas en su apoyo, y que financió secretamente buena parte de los trabajos del médico.
La investigación de Deer sacó a la luz, asimismo, que Wakefield no tuvo nunca intención de confirmar los sorprendentes –y falsos– resultados de la investigación publicada en The Lancet. Cuenta el periodista cómo, a principios del siglo XXI, el médico británico rechazó financiación para repetir las pruebas con 150 pacientes con la justificación de que su libertad académica podía verse comprometida, algo que, al parecer, no ocurría con los centenares de miles de libras que recibía del abogado Richard Barr. La investigación de Wakefield sobre la triple vírica y el autismo está considerada como uno de los mayores fraudes científicos de la historia y ha propiciado caídas en los índices de vacunación en el Reino Unido, Estados Unidos y otros países desarrollados. La creencia de que las vacunas causan autismo se debe, en parte, a que los primeros síntomas del mal suelen detectarse a la misma edad en que los niños reciben la triple vírica, pero la ciencia ha demostrado que no hay ninguna relación entre ambos hechos, más allá de una coincidencia temporal. Los brotes de sarampión han vuelto a ser habituales en Estados Unidos, donde la enfermedad se consideraba erradicada desde 2000, y la mayoría de las personas que la contraen no han sido vacunadas.
La antivacunación se fundamenta en «la ignorancia y el egoísmo», dice Félix Goñi, director de la Unidad de Biofísica del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y la Universidad del País Vasco (UPV). «Si yo no vacuno a mi hijo en una sociedad de personas vacunadas, casi con toda seguridad no le va a pasar nada, ya que hay una probabilidad muy baja de que alguien le contagie. Es lo que se conoce como inmunidad de rebaño. Claro que puede ocurrir que una infección, que al niño vacunado le produzca una enfermedad leve y pasajera, al no vacunado le provoque una grave. La idea de que las vacunas son peligrosas es ridícula y tiene su origen en la ignorancia», sentencia. «El riesgo de complicaciones de las vacunas es mínimo y, desde luego, mucho menor que el de renunciar a ellas», confirma Guillermo Quindós, catedrático de microbiología de la UPV. El aumento de niños no vacunados pone en riesgo la salud de los lactantes, de aquellos pequeños que no pueden ser inmunizados por circunstancias particulares, de quienes nacieron antes de las campañas de vacunación masivas y no pasaron la enfermedad, y de quienes han perdido o tienen debilitadas las defensas ante los agentes infecciosos, como los receptores de trasplantes de médula ósea, los diabéticos y los infectados por el VIH.
Las vacunas han acabado con enfermedades como la viruela y han hecho que la poliomielitis haya desaparecido de Occidente y esté a punto de erradicarse. La OMS calcula que la inmunización evita cada año en el mundo entre dos y tres millones de muertes sólo por difteria, tétanos, tos ferina y sarampión. Mientras en los países pobres dan la bienvenida a las campañas de vacunación masiva como una vía para mejorar la calidad de vida, hay quienes en el mundo rico rechazan caprichosamente las vacunas y propician el resurgir de enfermedades que creíamos arrinconadas, como el sarampión, que puede provocar ceguera, encefalitis y hasta la muerte. Ante la amenaza que la antivacunación supone para la salud pública, las autoridades deberían plantearse medidas más allá de las siempre necesarias campañas de información.
En Australia, por ejemplo, los padres que no vacunan a sus hijos van a pagar más impuestos. Visto que el 11% de los menores de cinco años del país no está vacunado por voluntad paterna y que esa actitud supone un riesgo para el conjunto de la población, el Gobierno ha decidido que quienes no inmunicen a sus hijos no tendrán derecho a los beneficios fiscales que se aplican hasta que los menores cumplen cinco años. Suponen en total unos 1.700 euros por niño que ahora se pagan a las familias en tres plazos –al año, a los dos y a los cinco–, tras comprobar que el pequeño ha recibido todas las vacunas prescritas. «Sabemos que la inmunización es fundamental para la salud a largo plazo de los niños y, por eso, queremos asegurarnos de que son vacunados en el momento adecuado», dijo la ministra de Sanidad, Nicola Roxon al anunciar la medida en 2011. Ella y la entonces titular de la cartera de Familia, Jenny Macklin, creían que el castigo fiscal es un «fuerte incentivo para la vacunación».
La iniciativa del Gobierno australiano da a quienes no vacunan a sus hijos donde más puede dolerles, en el bolsillo. La antivacunación está en el origen del repunte de enfermedades como el sarampión, la rubeola, la difteria y las paperas en el mundo desarrollado, lo que pone en peligro vidas y tiene, además, un gran coste económico. Así, la contención en 2011 de un brote de sarampión en Utah (Estados Unidos), con sólo nueve infectados, costó cerca de 300.000 dólares, según la epidemióloga Karyn Leniek. ¿Por qué tanto dinero por sólo nueve enfermos?, se preguntará usted. Porque hubo que contener la infección en dos hospitales, hacer análisis, administrar vacunas, contactar con 12.000 personas que podían haber estado expuestas al virus, colocar a 184 en cuarentena...
«Si por darle un sopapo a un crío te la has cargado, ¿cómo debemos castigar a unos padres que ponen en peligro la vida de sus vástagos y la de las personas que le rodean, teniendo en sus manos el instrumento que puede evitarlo? A mí esa me parece una conducta criminal y, por tanto, creo que se merece una sanción penal», sostiene Goñi. «¿Tiene que asumir la sociedad un gasto social y de salud impresionante porque haya un niño que no se ha vacunado libre y gratuitamente? No proteges a tu hijo, contrae la polio en un viaje de estudios a la India y, luego, ¿quién va a mantener a esa persona en silla de ruedas?», se pregunta el pediatra Javier Arístegui, infectólogo y profesor de la UPV. Dado que la biología permite en la actualidad determinar el individuo origen de un brote vírico, sería deseable que se legislara para que, si se trata de un niño que no ha sido vacunado por voluntad de sus padres, éstos hagan frente a todos los gastos ocasionados su decisión y no se detraiga ese dinero de las arcas públicas.
Extracto del libro “El Peligro de creer”, de Luis Alfonso Gámez, (Ed. Léeme Libros), publicado el pasado 26 de mayo y ya a la venta.
